jueves, 25 de abril de 2013

UN LAVADO DE DINERO IMPUNE






La justicia remitió un pedido a la cancillería para que reclame a la División Criminal de la Oficina de Asuntos Internacionales de los Estados Unidos información sobre presunto lavado de dinero en cuentas del JP Morgan Chase Bank NA sucursal Buenos Aires y JP Morgan Chase SA. Se trata de la causa en la que el ex ejecutivo de esa entidad bancaria Hernán Arbizu denunció hace cuatro años una serie de operaciones de más de 400 personas físicas y jurídicas que habrían sacado grandes cantidades de dinero desde la Argentina al exterior.

Arbizu reapareció en los medios de comunicación en las últimas horas, a propósito de la denuncia mediática y la causa judicial contra el empresario Lázaro Báez. Fue él quien, en el marco de la crisis financiera de las subprimes, huyó de Estados Unidos (que lo reclama en extradición), se autodenunció en la Argentina y describió operaciones presuntamente irregulares de empresarios y empresas, entre ellas varias vinculadas con el Grupo Clarín.

Pese a los reiterados pedidos de información –en el marco de los tratados internacionales de colaboración contra el lavado de dinero–, el juez federal Sergio Torres, quien tiene a su cargo la investigación, nunca consiguió respuestas satisfactorias. Por eso resolvió "insistir ante el señor ministro de Relaciones Exteriores y Culto a fin de que a través de las vías diplomáticas correspondientes se exhorte y urja nuevamente a las autoridades del Departamento de Justicia… el envío de una respuesta concreta vinculada con los informes de clientes y de cuentas radicadas en el JP Morgan". El magistrado reclamó "encarecidamente un trato prioritario y preferencial tanto a la reiteración a las autoridades como en la obtención de la respuesta".

La medida fue dispuesta mucho antes de que estallara la causa originada en las denuncias televisivas del programa Periodismo Para Todos, que conduce el periodista Jorge Lanata. El 14 de marzo pasado, cuando el ciclo televisivo de Canal 13 ni siquiera estaba en el aire, la Cancillería argentina informó al juez que Estados Unidos persistía en su silencio ante los reclamos de cooperación para la investigación sobre presunto lavado denunciado por Arbizu. "El coordinador de Cooperación Internacional en materia penal del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, Dr. Diego Martín Solernó, ante el reclamo de falta de respuesta por parte de las autoridades norteamericanas, informó al tribunal que había procedido a reiterar diplomáticamente la solicitud. Sin embargo, hasta el día de la fecha, de aquella petición no se ha obtenido ningún resultado", explica la fundamentación del nuevo pedido a la Cancillería.

No es cierto que Estados Unidos nunca haya respondido. Pero lo hizo de una forma considerada incompleta e ineficaz para la pesquisa. "El exhorto original tuvo una respuesta por parte de las autoridades del Departamento de Justicia de aquel país que no se compadecía con lo pedido por el juzgado, por lo cual se debió reiterar la diligencia", señala la documentación, a la que tuvo acceso Tiempo Argentino.

La falta de colaboración del Departamento de Justicia de Washington mantuvo virtualmente paralizado el expediente, ya que –según considera el juez Torres– "la información procedente de las autoridades norteamericanas resulta crucial para la correcta prosecución de la investigación".

No obstante, ante la presunción de que esa ayuda internacional nunca llegará, el juez podría ordenar en las próximas horas medidas para avanzar localmente en el expediente.






domingo, 21 de abril de 2013

MALA INTENCIÓN Y FETICHISMO CONSTITUCIONAL






El jueves pasado miles de personas desfilaron por la Ciudad de Buenos Aires para demostrar su descontento y su rencor con el gobierno nacional. Entre las decenas de consignas difusas, rencorosas, contradictorias, había una que lideraba los reclamos relativamente serios y consistía en un latiguillo como mantra: "La Constitución no se toca". Se trata, claro, de una letanía, de frase arrojada desde el sentido común más engañoso de todos. Pero ¿qué significa que una Constitución no se toca? ¿Qué óleo sagrado impide a un pueblo reformar cuantas veces quiera el pacto político y social de interrelación? ¿Quién redactó el texto constitucional? ¿Jesús, Mahoma? ¿De dónde proviene esa sacralidad conservadora y reaccionaria que asegura que no se pueden reformar los pactos de convivencia?

Lo curioso es que ese mismo día estaba dando una charla en el Instituto de Revisionismo Histórico Manuel Dorrego y para cerrar mis palabras pregunté a los presentes: ¿Quién cree que "la Constitución no se toca"? Para mi sorpresa, la mayoría del auditorio levantó la mano para sostener esa consigna. Y mi extrañeza consistió en que tanto oficialistas como opositores comparten ese sentido común de que la Constitución es un texto sagrado. Eso es, exactamente, hegemonía cultural: lograr que toda una sociedad crea que los intereses de una clase o un sector –de una facción, como les gusta llamar a algunos políticos pseudo progresistas que retoman palabras utilizadas contra Manuel Dorrego, Hipólito Yrigoyen, entre otros– son sagrados y deben ser respetados por la totalidad de la sociedad.

Pero en qué se basa ese "sentido común", esa "verdad sagrada", esa intocabilidad de la Constitución Nacional. Sencillo: en el mayor de los engaños, en una operación política magistral por parte del Liberalismo Conservador que nos hace creer a todos los argentinos que la Carta Magna es el producto del consenso, el acuerdo, la puesta en común de la mayoría de los ciudadanos. Y es una absoluta mentira. La Constitución Nacional es el resultado de una imposición militar que un determinado sector impuso a las mayorías. Y a través de la educación –gran aparato ideológico del Estado– y de la prédica de políticos, juristas, intelectuales y publicistas del liberalismo más rancio se ha impuesto como verdad absoluta que "la Constitución es un acto de autodeterminación, un acuerdo de convivencia, un pacto entre iguales, el cúlmine de la reconciliación entre los argentinos". La historia demuestra que no hay nada más alejado de eso.

¿Es la Carta Magna argentina el resultado de un proceso de consenso entre los representantes de la Nación y las provincias o se trata en realidad de una imposición surgida de la batalla de Caseros? Los procesos históricos nunca son lineales, impolutos y perfectos; la mayoría de las veces se ven enturbiados por contradicciones, bajezas, errores y miserias. En la historia de nuestra Constitución Nacional, esos elementos no podían estar ausentes. Sin duda, la Carta Magna de 1853 está escrita con la tinta de los legisladores del Congreso, con la pasión de las ideas de Juan Bautista Alberdi y con la sangre de los rosistas derrotados en la batalla de Caseros. Pero también con el texto de la Constitución estadounidense –en la versión de Manuel García de la Sena, acusada de pésima traducción por el historiador José María Rosa– que sirvió de modelo para nuestro país. La Constitución de la Nación no fue el resultado de un consenso democrático pleno y plural. Sin embargo, fue un hito fundamental en la profundización de la calidad institucional del país.

Es hija del Acuerdo de San Nicolás, firmado el 31 de mayo de 1852, en esa ciudad. En esa oportunidad se reunieron Justo José de Urquiza –el vencedor de la batalla de Caseros– y los gobernadores de 13 provincias, y determinaron que: se convocaría a un Congreso General Constituyente para el mes de agosto de ese año para sancionar una Constitución, que la elección de diputados se realizaría de la misma forma en que se elegían las legislaturas provinciales, que todas las provincias acercaban el mismo número de diputados –se desechaba la forma de representación proporcional a la población–, que el Congreso se realizaría en la ciudad de Santa Fe, y por último que Urquiza sería el Director Provisorio de la Confederación Argentina. Es decir, los constituyentes no fueron elegidos por el sufragio libre de los ciudadanos, cosa que no ocurría muy a menudo para ser justos.

Posteriormente, la provincia de Buenos Aires rechazó el Acuerdo y protagonizó la revolución del 11 de septiembre de 1852 por la cual se separó de la Confederación Argentina. Las principales críticas al Tratado fueron la elección de Urquiza como virtual presidente, la elección de Santa Fe como sede y no Buenos Aires y la cuestión de la representatividad, ya que con el sistema proporcional, la ciudad puerto habría tenido casi el mismo número de diputados que la totalidad de las provincias.

Parte del acuerdo comenzó a cumplirse en agosto de ese año, cuando los legisladores iniciaron los arreglos en la ciudad de Santa Fe. Presididas por Domingo Crespo, gobernador de la provincia anfitriona, en ausencia de Urquiza, inauguró las sesiones oficiales el 20 de noviembre con estas palabras: "Augustos diputados de la Nación. Saludo en vosotros a la Nación Argentina con toda la emoción con que es capaz mi alma. El deseo de muchos años se cumple en este día: los gobiernos del litoral descansan hoy del peso de sus compromisos contraídos desde 1831." Lo escuchaban atentamente todos los representantes, excepto los dos de Buenos Aires, que se habían retirado por el conflicto de secesión. Había entre ellos, federales doctrinarios, liberales y unitarios. Pero no había federales rosistas. Es más, habían sido claramente marginados de la convención constituyente.

El libro Las Bases, como se lo conoce, está formado por 36 capítulos y un proyecto de Constitución al final de la obra. Como explica el propio Alberdi, lo escribió en abril de 1852 para que sea tomado como ejemplo por los constituyentes: "Es una obra de acción que, aunque pensada con reposo, fue escrita velozmente para alcanzar al tiempo en su carrera... Hay siempre una hora dada en que la palabra humana se hace carne. Cuando ha sonado esa hora, el que propone la palabra, orador o escritor, hace la ley. La ley no es suya en ese caso; es la obra de las cosas. Pero esa es la ley duradera, porque es la verdadera ley."

En su texto, Alberdi compara el derecho constitucional sudamericano con las constituciones de la época, como la californiana, a la que pone como ejemplo de su punto de vista constitucional. Plantea, además, una solución para la cultura política del continente. Ni monarquía ni parlamentarismo con líderes débiles: las naciones latinoamericanas necesitan un presidente fuerte.

La idea de Alberdi consistía en construir una nación de 50 millones de personas, producto de la inmigración europea atraída por las garantías que ofrecía la nueva Constitución a la propiedad privada, la libertad de movimiento, la tolerancia religiosa y cultural, y un reparto generoso de tierras.

Y también zanja la cuestión federal: "Una provincia en sí es la impotencia misma, y nada hará jamás que no sea provincial, es decir, pequeño, obscuro, miserable, provincial, en fin, aunque la provincia se apellide Estado. Sólo es grande lo que es nacional o federal." Por esa razón, propone lo que él llama un "federalismo atenuado”.

La Convención encargó a una comisión integrada por Leiva, Juan María Gutiérrez, José Benjamín Gorostiaga, Pedro Díaz Colodrero y Pedro Ferré la redacción del proyecto de la Constitución Nacional. El debate fue arduo y áspero y los puntos más difíciles: la relación entre Buenos Aires y las provincias, y la separación de la Iglesia del Estado. Finalmente, el 20 de abril de 1853 el Proyecto fue girado al Congreso Constituyente para que, en lo que se conoce como las Diez Noches Históricas, se debatiera, se aprobara y se sancionara la Constitución de la República Argentina. Como usted podrá darse cuenta, estimado lector, en los próximos días, usted podrá ir viviendo día a día de qué manera se gestó hace exactamente 160 años nuestra Carta Magna.

¿Fue un proceso perfecto y luminoso? ¿Sin "vencedores ni vencidos"? Evidentemente no. La exclusión de los viejos federales rosistas y el enfrentamiento armado que se desencadenó con Buenos Aires demuestran que las constituciones son más el resultado de procesos políticos y militares que de Grandes Acuerdos Nacionales. Así lo demuestran, también, las reformas de 1860, 1866 y 1880, que son hijas de las victorias militares de Cepeda, Pavón –obtenida por el mitrismo porteño contra las provincias– y del aplastamiento de la sublevación de Carlos Tejedor que concluyó con la federalización por la fuerza de la ciudad de Buenos Aires.

La historia constitucional del siglo XX fue más triste aun, ya que estuvo plagada de autoritarismos, de imposiciones militares, de desmanejos de la Carta Magna por parte de las dictaduras de turno. El inicio de la desventura fue la sanción de la Constitución Nacional del 1949, cuando en pleno proceso del primer gobierno peronista una mayoría abrumadora del pueblo votó a una asamblea constituyente para que incluyera los derechos sociales de la niñez, la ancianidad y los trabajadores entre otros tópicos que incluían, claro, la reelección presidencial.

Desde los aspectos formales e incluso estructurales, esa Constitución, creada por Arturo Sampay, fue un hito democrático aun cuando el radicalismo intentó quitarle legitimidad no participando de las sesiones de la Constituyente. Como se sabe, la Carta Magna sancionada en 1949 fue abolida con decreto facto por la dictadura de Pedro Eugenio Aramburu y, en 1957, una Constituyente que excluyó al peronismo, y que fue deslegitimada por la ausencia de la UCR Intransigente repuso con las reformas del artículo 14 bis, la Constitución de 1853. Una vergüenza desde todo punto de vista jurídico y político. Para que quede claro: la del '49, votada democráticamente por las mayorías, fue suprimida por un golpe de Estado criminal como el de la autodenominada "Revolución Libertadora".

Con las dictaduras de 1966 y de 1976 no le fue demasiado bien a la Constitución Nacional. Juan Carlos Onganía sancionó por decreto un Estatuto de la Revolución Argentina, y Alejandro Lanusse en 1972 reformó a su antojo el sistema electoral previsto por la Constitución Nacional para impedir que el peronismo regresara al poder por la vía democrática. La dictadura de Jorge Rafael Videla y los suyos dejó sin efecto, incluso, la constitución sancionada por la dictadura aramburista.

En los albores de la democracia, el presidente democrático Raúl Alfonsín decidió, finalmente, poner en funcionamiento la Constitución Nacional reformada por la dictadura de Aramburu y Rojas e intentó reformarla en 1987 –también quiso buscar su reelección– pero no se lo permitió el apoyo popular que comenzó a serle esquivo desde la crisis del Plan Primavera. Finalmente, en 1994, se produjo –después de las de 1949– la única reforma democrática de la CN de 1853. Se la realizó tras un contubernio radical-peronista en el que los referentes fueron el propio Alfonsín y el por entonces presidente Carlos Menem.

La historia de nuestra Constitución demuestra que una Carta Magna es más producto de una imposición de una facción por otra que del consenso. Esto seguramente lo saben Jorge Yoma, Elisa Carrió, Mauricio Macri, y se hacen los distraídos. Porque es preferible que sean hipócritas antes que ignorantes. Es el resultado de la voluntad de un sector de la sociedad argentina –el Liberalismo Conservador– de someter a los vencidos a las propias reglas de juego del vencedor. Uno puede celebrar muchas virtudes que tiene nuestra Carta Magna –que de hecho tiene muchas–, pero no puede desconocer que es el resultado de la violencia y la sangre de millones de argentinos que fueron sometidos en los golpes de Estado de 1852-1955, las batallas de 1860-80 y las dictaduras militares de 1966 y 1976.

Seguramente, el kirchnerismo no reformará la CN en los próximos dos años. Pero a pesar de ello hay que ser conscientes de dos cosas: 1) que quienes agitan la infalibilidad sacra y la perennidad de la Carta Magna están defendiendo –por complicidad o ignorancia– los pilares del Liberalismo Conservador en la Argentina; 2) Que las mayorías nos merecemos alguna vez en la historia de nuestro país una Constitución verdaderamente democrática por su contenido y por su forma. No comprender el contenido histórico e ideológico de nuestra Carta Magna es puro fetichismo constitucional. O mala intención, claro.




domingo, 14 de abril de 2013

CLAROSCUROS JUDICIALES






En contraste con la saludable iniciativa que el Poder Ejecutivo denomina de democratización de la Justicia, el oficialismo nacional y el de dos provincias, promueven la destitución de jueces y funcionarios que superan con creces el test de legitimidad democrática, mientras no avanzan los procedimientos contra otros que son emblema de los vicios y complicidades que se deberían desterrar.


.I

La destitución del juez en lo contencioso administrativo Luis Arias y del defensor oficial ante el Fuero de la Responsabilidad Juvenil Julián Axat, ambos de La Plata, es promovida por un grupo de legisladores para quienes las órdenes del ministro Ricardo Casal son deseos, como su ex Subsecretario de Relaciones Económicas con la Policía, Guido Lorenzino, quien no tiene parentesco con el honorable ministro de Economía de la Nación.

Afirman que ambos actuaron en la causa de los muertos durante la inundación por fuera de su competencia, lo cual no es cierto. Axat realizó la presentación luego de recibir llamados sobre menores desaparecidos o muertos durante el desastre y de recorrer las zonas afectadas, donde distintos testigos le dijeron haber visto bebés y niños arrastrados por el agua. Como no han sido cubiertos los cargos creados por ley de Defensor provincial de Niños y de Defensor Público en lo contencioso sobre derechos económicos, sociales y culturales, debe actuar un defensor penal. La ley 14442 lo pone a salvo de “influencias o presiones de las autoridades”, para procurar que se cumpla para sus defendidos con los tratados de protección a los derechos humanos, la Constitución y las leyes. La competencia contencioso administrativa está fijada por el artículo 4º de la ley provincial 14.214 de hábeas data, cuando se trata como en este caso de averiguar datos en registros y archivos.

Por orden del ministro Casal, Axat y Arias no pudieron ingresar a la morgue, lo cual reforzó su curiosidad. Así comenzaron a encontrar cuerpos de personas muertas como consecuencia del temporal, que eran computadas como casos no traumáticos y excluidas del listado.

Dos declaraciones bajo reserva de identidad, una ante el fiscal Juan Condomí, del Opus Dei y La Cámpora (sic), y otra ante una instructora de la oficina de denuncias penales, indican que entre la morgue judicial y el Registro de las Personas, ambos dependientes de Casal, se acordó una operatoria ilegítima para ocultar el número de víctimas. Un médico de la morgue narró que se alteraron los protocolos establecidos, de modo que las víctimas pasaran a identificarse por un número y no con la carátula correspondiente a una investigación penal. Un abogado del Registro provincial de las Personas narró que su directora, Natalia Panella, ordenó que las defunciones traumáticas se inscribieran sin la intervención judicial que marca la ley y sin tomar las huellas digitales de aquellos no identificados. Médico y abogado, que no se conocen entre sí y trabajan en dos lugares distintos, coincidieron que en la morgue había sesenta cadáveres. Otro testimonio mencionó un alto número de cuerpos que se hallarían en el hospital naval, cosa que hasta el cierre de esta nota nadie había verificado o desmentido. Con los procedimientos descriptos, es posible la rotación de cadáveres en los mismos sesenta casilleros numerados, mientras se sepultan o creman otros, lo cual tornaría imposible determinar el número real de víctimas. La hostilidad del gobierno provincial hacia el juez y el defensor no es nueva. Axat y Arias denunciaron que la policía provincial extorsiona a jóvenes y si no roban para ellos los matan.

Como abogado del estudio de Héctor Granillo Fernández, Condomí defendió hace una década en una causa penal al ahora intendente viajero Pablo Bruera, quien fue sobreseído por el juez Guillermo Atencio, el mismo al que ahora acudió Casal para que desplazara a Arias. Sobre Atencio penden tres juries de enjuiciamiento, el último por un allanamiento irregular a la casa de la ex pareja del Secretario de Fiscalía Leandro Rubio, que litigaba por alimentos, del que también participó Condomí. Aquí también, la familia judicial.


.II

Al mismo tiempo, en Mendoza, se inició el proceso de destitución contra el juez de Menores Ramón Pérez Pesce, por haber concedido “un inusitada cantidad de hábeas corpus preventivos”, en favor de “jóvenes de sectores vulnerables, que son detenidos por la policía en forma reiterada e injustificada”. En una comisaría de San Rafael todos los detenidos por “averiguación de identidad” eran albañiles, changarines o desocupados, y ningún profesional. Esto demuestra “la plena vigencia de la teoría del etiquetamiento, la selectividad del sistema penal y de las agencias policiales, y el alto nivel de discriminación”. La Campaña Nacional contra la Violencia Institucional y una serie de organismos defensores de los derechos humanos sostienen que el desplazamiento del juez constituiría “una muestra más de un Poder Judicial subordinado a los intereses de minorías corporativas”.


.III

La misma amenaza pende sobre el juez federal Daniel Rafecas, en este caso por los mensajes que intercambió con el abogado de José Núñez Carmona, Nachito Ignacio Danuzzo Iturraspe. Esa imprudencia merece una sanción disciplinaria, pero no la destitución. El procedimiento fue impulsado por el oficialismo y apoyado por la UCR, que no perdona la rigurosa instrucción del juez en la causa contra el ex presidente Fernando de la Rúa por los sobornos en el Senado. Desde la Procuración General, Rafecas coordinó hace una década la comisión de fiscales que comprobó cien procedimientos policiales fraguados. Gracias a ese trabajo fueron dados de baja 150 jefes, oficiales y suboficiales de la Policía Federal y se desterró esa práctica vil de maquillar estadísticas deteniendo sin causa a personas vulnerables. Parte de esa experiencia fue volcada en su tesis doctoral “La tortura y otras prácticas ilegales a detenidos”. Juez desde 2004, es el que mejor ha trabajado en causas por crímenes de lesa humanidad. En el Cuerpo de Ejército I relevó más de veinte centros clandestinos por los cuales pasaron 1200 víctimas y detuvo a un centenar y medio de represores. La semana pasada arrestó al ex jefe de la Fuerza Aérea, Omar Graffigna, absuelto en el juicio de 1985, en cuyo domicilio secuestró actas secretas de la Junta Militar y material de Inteligencia. Entre sus líneas actuales de investigación está el secuestro de empresarios que fueron torturados en Campo de Mayo para despojarlos de sus bienes. También procesó al jefe y subjefe de la Armada, almirantes Jorge Godoy y Benito Rótolo, por el espionaje político que fue denunciado por un funcionario de la Inteligencia naval en 2006. En 2010 logró la recuperación pacífica del intrusado Club Albariños, y detuvo, procesó y envió a juicio oral a nueve responsables del delito. Rafecas es uno de los asistentes a los encuentros de Justicia Legítima.



.IV

Al mismo tiempo, sigue en funciones el juez de la Cámara de Casación Penal Eduardo Riggi, cuyo juicio político fue solicitado como consecuencia de la investigación del asesinato de Mariano Ferreyra. José Pedraza, el vicepresidente de Belgrano Cargas, Angel Stafforini, el agente de la ex SIDE Juan José Riquelme y los funcionarios de la Cámara de Casación Luis Ameghino Escobar y Octavio Aráoz de Lamadrid fueron procesados por digitar el sorteo de modo que la causa recayera en la sala que presidía Riggi, de modo de conseguir la libertad de los miembros de la patota e impedir el arresto de Pedraza, que aún estaba en libertad. Aráoz fue relator de Riggi hace más de veinte años en el fuero penal económico y su primer acto como juez federal subrogante fue nombrar como secretaria a Laura Riggi, la hija de su protector. Ameghino Escobar fue designado jefe de sorteos de la Cámara por Riggi. El viernes 19 se anunciará el fallo por el asesinato de Ferreyra, mientras el juez que estuvo a punto de impedirlo sigue en funciones.








Luis María Cabral preside la Asociación de Magistrados. En ese carácter opinó que la reforma judicial que impulsa el gobierno es inconstitucional porque se propone “eliminar el sistema de un poder que controla la legitimidad de los actos de los otros poderes”, cosa que no se desprende de ninguno de los proyectos oficiales. Cabral es juez subrogante en la Cámara Nacional de Casación Penal, donde fue designado con un procedimiento escandaloso, emblemático de los que han sumido a la Justicia en el descrédito y abierto espacio para las reformas propuestas por el Poder Ejecutivo: sin sorteo y sin respetar el orden de prelación fijado por la ley de subrogancias, según denunció el fiscal general Jorge Auat, quien lo señaló como un pernicioso ejemplo de shopping forum. Pero la Cámara lo confirmó luego de un áspero proceso de discusión interna, del que Cabral participó en defensa de sí mismo, en vez de excusarse, como es de estilo. Las posiciones se dividieron, cinco a cinco, dado que Cabral opinó pero no llegó a tanto como votar. Sin embargo, él fue quien propuso la salida que se adoptó: que se rechazara el planteo pero se limitara su subrogancia al primer semestre de 2013 y se diluyera el caso con una acordada que también tocara otros casos por completo distintos. “De otro modo, me estarían echando por la puerta trasera”, dijo, en un diálogo de extrema franqueza corporativa. Sólo el juez Alejandro Slokar mantuvo su posición adversa y se pronunció por la conclusión inmediata de la subrogancia ilegal de Cabral. Auat y Slokar integran Justicia Legítima.





sábado, 13 de abril de 2013

JUSTICA POPULAR O CORPORATIVA







Les resulta revulsivo imaginar a un juez en campaña electoral y los escandaliza un abogado elegido por neófitos no abogados. Y para ellos no puede haber nada más absurdo que una sociedad ignorante y plebeya intervenga en la gestión de uno de los tres poderes que deciden sobre las vidas de todos los que la integran. Ese ha sido el credo dominante. Si estas situaciones generan esas reacciones, significa más que nunca que la Justicia necesita ser reformulada. La imagen del juez que desayuna con bronce, del abogado en su pedestal de mármol y del Poder Judicial como un country de élites forjó una Justicia cerrada, de espaldas a la sociedad y poco accesible para el vulgo de a pie. Lo anacrónico de esas imágenes queda más demostrado porque son pocos los jueces o abogados que hoy se animen a defenderlas en público. Pero en la intimidad muchos de ellos se regocijan porque esa cultura fosilizada les garantiza estatus y privilegios. Uno de ellos ha sido controlar en gran parte la gestión del Poder Judicial.

De los tres poderes de la República, el único donde la sociedad no tiene casi ninguna injerencia es en el Judicial. El Poder Ejecutivo y el Legislativo son elegidos por el voto de millones de ciudadanos, pero los integrantes del Consejo de la Magistratura son elegidos en buena parte por el voto de no más de 20 o 25 mil abogados y jueces. Para cambiar esa estructura tan corporativa, el Poder Ejecutivo propuso que tanto los abogados como los jueces que aspiran a ingresar al Consejo de la Magistratura sean elegidos por el voto popular, porque es una forma de democratizar esa institución al abrirla a la decisión ciudadana. Parte de los afectados, afiliados a Colegios de Abogados y Asociaciones de Juristas, en alianza con la mayoría de la oposición y los grandes medios, criticó furiosamente la propuesta. Podría decirse que fue la que más los enojó.

Dicho en voz alta suena gracioso: “Es más democrática una elección donde participan 25 o 30 mil personas, que una en la que votan millones”. En realidad, el argumento es al revés aunque exprese lo mismo: se dice que es antidemocrático que millones de personas elijan a los candidatos al Consejo de la Magistratura. ¿Por qué razón extraña sería más democrática una elección arreglada entre pequeñas agrupaciones profesionales que una abierta en la que participen todos los ciudadanos?

Los principales argumentos para sostener esa paradoja son tres: que el ámbito de la Justicia requiere un conocimiento técnico que el vulgo no tiene, que de esa manera se politiza el Poder Judicial, y que así se equipara la mayoría nacional electoral con la mayoría en la parte de la gestión del Poder Judicial que está a cargo del Consejo de la Magistratura, lo cual llevaría a que el Poder Judicial pierda independencia frente a los otros poderes, los que estarían expresando a su vez esa misma correlación de fuerzas. En general, el argumento más extendido es que, de esa manera, la Justicia se alinearía con el poder político de turno. Aunque sea obvio, habría que aclarar que no se está hablando de toda la Justicia, porque la mayor parte de la gestión del Poder Judicial corresponde a la Corte Suprema.

El argumento en contra de ese alineamiento político tendría algún asidero si, en verdad, el Poder Judicial estuviera aislado completamente de la política y no sufriera ninguna influencia por parte de ella. Tendría que estar dentro de una burbuja de vidrio. Porque de lo contrario, si hubiera la más mínima influencia de la política, lo más democrático sería canalizarla para evitar que esa influencia se produjera a través de pequeñas roscas y grupos de presión. En ese caso, las roscas políticas entre abogados o entre jueces son menos democráticas que la expresión de la soberanía popular expresada en el voto de todo el pueblo.

El consejero Alejandro Fargosi, por ejemplo, fue uno de los que más explotó esta idea en contra de este supuesto alineamiento y de la consecuente pérdida de independencia. Pero su propio derrotero para llegar al Consejo de la Magistratura y la actividad que desarrolló en ella no tienen nada de técnico ni de aséptico, sino que fueron esencialmente políticos, lo cual contradice sus argumentos. Fargosi fue elegido para su cargo en el Consejo de la Magistratura por el acuerdo de dos listas de abogados a partir de la coincidencia en la oposición al Gobierno. El centro de esa alianza fue la política nacional. Una lista era esencialmente conservadora y la otra respondía al ex juez Ricardo Gil Lavedra, uno de los principales dirigentes del radicalismo porteño. Y cuando asumió, Fargosi se afilió al PRO de Mauricio Macri lo que motivó las críticas de sus aliados originales. ¿Por qué puede creer Fargosi que su posición política tiene más valor que la de millones de personas?

El caso de Fargosi no es la excepción sino la regla general. Todas las elecciones en los Colegios de Abogados y entre los jueces tienen una fuerte connotación con la política nacional y sin embargo abogados como Fargosi y jueces como Ricardo Recondo, también consejero en la Magistratura y ex secretario de Estado radical, prefieren mantener la hipocresía de que se trata de un Poder Judicial aislado de la política. En todo caso, el poder que defienden es independiente de la política que respaldan las mayorías, pero absolutamente atravesado por las políticas de roscas y minorías. Entonces no se está defendiendo un Poder Judicial aséptico frente a otro que estaría muy politizado, sino que se está defendiendo un Poder Judicial de rosca política pequeña. Están defendiendo prebendas corporativas, que son opuestas a las prácticas democráticas.

Conclusión: la elección popular de los integrantes del Consejo de la Magistratura no politiza algo que ya está politizado, sino que democratiza esa politización. Algún opinador en la televisión mostró escandalizado una papeleta electoral que tenía una hoja agregada para la Magistratura. Era una hoja para los candidatos a presidente y vice, otra para senadores y diputados y una tercera para la Magistratura. El hombre hacía todo lo posible para verse escandalizado pero no se daba cuenta de que estaba mostrando algo que tendría que haberse hecho hace mucho tiempo: una hoja para los cargos del Poder Ejecutivo, otra hoja para el Poder Legislativo y una tercera hoja para los cargos electivos del Poder Judicial.

La elección de los cargos del Poder Ejecutivo ha ido siempre unida a los del Poder Legislativo. Siempre se votó a presidente, a senador y a diputados y a nadie se le ocurrió que el Congreso perdía independencia ante el Poder Ejecutivo por esa razón. Entonces ¿por qué se piensa que el Poder Judicial sí lo perdería? No parece que hubiera un motivo particular que distinguiera una cosa de la otra. Los candidatos que resulten elegidos responderán o no a corrientes políticas nacionales –igual que ahora, donde muchas veces hay independientes en las listas– y como hacen los senadores y diputados, deberán preservar la independencia de poderes, igual que lo deberán hacer los que sean elegidos para la Magistratura.

La propuesta amiga al Poder Judicial con la sociedad, o sea que lo democratiza y lo mejora y, al hacerlo, mejora también a la República. En contrapartida, anunciar la muerte de la República, como hizo la mayoría de la oposición, suena a exagerado y es tan desmedido que pone en evidencia que afecta a intereses importantes, lo cual habla también a favor de la propuesta.

Si la propuesta favorece al Gobierno o a la oposición, es otra discusión. El eje de fondo apunta a cuál es la forma más democrática, la que aporta más desde el punto de vista institucional. Para la oposición es más democrático que el Poder Judicial mantenga un orden corporativo y menos democrático, porque de esa manera lo controlaría la oposición y funcionaría como contrapeso del Poder Ejecutivo. Pero mañana eso puede cambiar y la oposición podría ser gobierno y se mantendría la estructura corporativa de la Magistratura y no sería contrapeso ni democrática. El eje de la discusión no es a quién favorece en forma circunstancial, porque eso puede cambiar. El eje es la Magistratura misma y el aporte de más democracia que le pueda significar la elección de sus miembros por el voto popular.






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